Del panorama anterior, si bien se reconoce un desescalamiento de confrontaciones entre grupos armados ilegales y la fuerza pública, las agresiones contra la población sigue en aumento. Dichas agresiones a la población pueden agruparse en acciones de control social por medio de patrullajes, amenazas, agresión a líderes, restricciones a la movilidad y confinamientos. Cabe indicar que, a quienes se les atribuye el mayor porcentaje de eventos que ha alterado el cese al fuego es al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. [2]

En cuanto al asesinato de lideres, lideresas y defensores de derechos humanos, Indepaz informa sobre 53 asesinatos hasta la fecha 20 de abril del 2023. De los cuales 9 son del departamento del Cauca, quienes desempeñaban roles de liderazgo en sus municipios de residencia. Por su parte, se registra 7 firmantes de Acuerdo de paz asesinados en los departamentos de Caldas, Arauca, Caquetá, Norte de Santander, Chocó y Putumayo. [3]

De acuerdo con lo enunciado, las mujeres también expresaron sus percepciones del panorama actual. Entre las que se destacan algunas palabras:

“En la mayoría de los territorios se ve presencia de grupos armados, persecución por los lideres sean campesinos, indígenas o de cualquier etnia tanto por grupos armados como por grupos políticos. Hablando de las mujeres, hay una persecución por el machismo, por los mismos hombres que no han dejado que las mujeres de los municipios dicen si dejemos participar a las mujeres, pero también hay el recelo de que las mujeres ocupen espacios importantes”.

“Desde el 2018 ha aumentado el asesinato a lideres sociales, en el 2021 tuvimos el asesinato de la gobernadora, que fueron autoridades indígenas asesinados por actores armados, se ha incrementado el tema de amenazas a autoridades, que muchos por pertenecer a la guardia nos han amenazado. En el municipio de Caldono se ha aumentado la presencia de grupos ilegales, […] Se han incrementado en parte por esa inconformidad de que a pesar
de que hay zonas de reincorporados, ha habido un incumplimiento a estos actores, y está tomando fuerza el reclutamiento de
menores”.

Tal situación ha llevado a que como forma de autoprotección, las lideresas hagan menos visible su liderazgo por temor a ser más expuestas y amenazadas por su ejercicio dentro de sus comunidades.

Tal como se muestra en las cifras de Indepaz, las mujeres resaltan el aumento de grupos armados que hacen presencia en sus municipios (Silvia, Caldono y Miranda), donde mencionan que en un municipio pueden llegar a existir más de 5 grupos armados. En sus intervenciones, se recalca sobre la disputa territorial en la que se confrontan los grupos armados en el Cauca y el control social que ejercen sobre las poblaciones a través retenes ilegales y la demarcación territorial con banderas de los grupos que tienen presencia en los municipios, así como pendones con mensajes de los frentes armados, que dejan un impacto simbólico sobre los ciudadanos.

Esta disposición de vayas y banderas sobre las vías públicas ubicadas estratégicamente para desafiar las delimitaciones geográficas y de poder territorial, se destacan como elementos que aumentan la percepción de inseguridad y el temor de las poblaciones.

Dentro de lo descrito también se enuncia la presión que vienen ejerciendo grupos armados como el Clan del Golfo en Chocó (Puerto Meluk), quienes a través de amenazas han obligado a pobladores para que los legitimen y respalden como actores políticos del conflicto armado y tengan lugar en una mesa de negociación con el gobierno, como lo ha denunciado el líder social Luis Ernesto Olave.

Entre las temáticas de discusión también se planteó el tema de los cultivos ilícitos, donde las mujeres enunciaron que “entre los cultivos ilícitos, ahora solo está la coca, pero está ha perdido valor, lo cual está disminuyendo y desvalorizando el comercio de coca. Da lugar a que el comercio gire alrededor de otras alternativas”.  Mientras que, otra de las problemáticas que se suma al panorama tiene que ver con los conflictos que hay entre los pobladores de una misma comunidad por el tema de las tierras. Que ha llevado a que haya una relación de problemática entre indígenas y campesinos.

En un nuevo segmento de análisis, se encuentra la mirada al actual gobierno en clave de las reformas sociales que ha planteado (reforma tributaria, reforma política, reforma a la salud, reforma laboral, reforma pensional). Si bien se ha trazado un gobierno de transición que pretende el cambio, desde la percepción ciudadana se denota que en este escenario de poder y gobernanza también hay actores políticos —con los que el gobierno se hizo alianzas para llegar al poder—, que no están de acuerdo con la transición y la reestructuración de instituciones que corresponden a diversos ámbitos (en lo político, sistema de pensiones, derechos laborales, salud) a
través de reformas.

Así pues, en la ciudadanía hay la impresión de que “tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder”. Cuestión que puede traducirse en varios elementos problemáticos como:

• En un gobierno alternativo y de cambio se siguen reproduciendo prácticas tradicionales en el funcionamiento de las instituciones.
• Hay una centralización de los espacios políticos y de participación tanto en lo nacional como lo local, puesto que las personas de la ruralidad y en especial las mujeres no
  tienen las garantías para participar en los espacios de incidencia, dado que estos se concentran en el casco urbano o en la capital del país. Aunque, cabe recalcar que ha habido un avance en el relacionamiento entre ciudadanos y el Estado y a través de espacios como los Diálogos regionales vinculantes, los escenarios de participación como la discusión en torno a la Resolución 1325 en contribución al diseño del primer Plan de Acción Nacional. No obstante, dichos espacios deben seguir abriéndose para que el diálogo con el Estado sea más cercano.
• El tema de la meritocracia vs. el clientelismo no permite que los procesos de cambio avancen y que se generen cambios
  estructurales. [4]